La Ciudad de Buenos Aires cambia su política de asistencia social a través de un decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que elimina los planes sociales y crea un nuevo programa centrado en la capacitación y la inserción laboral formal.
Se pasa de un esquema asistencial a uno orientado a la generación de empleo y autonomía económica. Es una política social que no condena a las personas al asistencialismo y que, por intermedio del trabajo, les da libertad y dignidad.
La iniciativa alcanza a unas 5 mil personas y contempla una transición de un año hasta el cierre definitivo del esquema actual. En el proceso de revisión se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares: el sistema implicaba unos $10 mil millones anuales y 85 convenios que ahora serán dados de baja.
La medida busca dejar atrás 20 años de políticas asistencialistas que no mejoraban la vida cotidiana y no llegaba en todos los casos a quienes realmente lo necesitan, y representa el fin de los intermediarios y del negocio de los “gerentes de la pobreza”.
Uno de los principales cambios de esta nueva medida es la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán de manera directa a los beneficiarios, lo que permitirá mejorar el control y la transparencia. Además, se fijarán criterios claros de permanencia, como requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos.
El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades.
La participación en instancias de formación será obligatoria. Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio.
El sistema se basa en cuatro pilares fundamentales:
- Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
- Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses y funcionará como un puente hacia el cierre definitivo de la dependencia estatal.
- Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de cámaras empresariales y universidades.
- Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
En el marco de estas políticas, la gestión de la Ciudad había avanzado en la implementación de una aplicación para los comedores: ahora cada persona carga su DNI y esto permite tener un registro de cuántas raciones se entregan. Una fiscalización del Gobierno porteño reveló más de 5.000 raciones irregulares y beneficiarios que estaban muertos, o que tenían autos, inmuebles y hasta jubilaciones millonarias. Además, 40 comedores fueron cerrados.
El enfoque actual busca devolver la dignidad por intermedio del trabajo, la capacitación y la libertad de elegir un proyecto de vida sin sometimientos políticos.
