Días atrás, la Sala II de la Cámara de Apelaciones Porteña en lo Penal, Contravencional y de Faltas, con voto unánime de sus tres componentes, confirmó el bloqueo nacional de la página web de Uber y sus aplicaciones celulares; el cual que había sido decretado por una jueza de primera instancia a pedido de la Fiscalía interviniente.
Esta empresa, dedicada a la organización de transporte público de pasajeros (sin habilitación) en la ciudad de Buenos Aires y otras capitales del mundo, comenzó a operar en Argentina en abril del año pasado. Desde ese momento se encuentra investigada por la justicia local por la comisión de varios ilícitos.
Este fallo fue cuestionado por algún sector con fundamentos absolutamente divorciados de la esencia y naturaleza de las causas judiciales que se siguen contra Uber. Dos son los argumentos centrales en que se basan esas críticas: por un lado, la falta de jurisdicción de la Ciudad para emitir una resolución que bloquee una web, y por el otro un menoscabo concreto al derecho de libertad de expresión.
Respecto a la primera crítica, hay que tener presente que Uber desobedece la clausura judicial impuesta hace más de un año. El bloqueo de su web y aplicaciones de telefonía, que fue autorizado por la Cámara de Apelaciones, tiene por objeto hacer cesar la comisión de un ilícito flagrante, continuo y permanente. Por lo tanto, el bloqueo resulta ser legítimo y concordante con los preceptos constitucionales vigentes y con la Ley Argentina Digital, atento que solo serán de competencia federal las cuestiones contencioso administrativas y no, como en el caso que nos ocupa, infracciones al código penal o contravencional.
Acerca de la segunda crítica, bastará con señalar que en las causas en curso no se persigue el derecho a la libre expresión, ni estamos en presencia de un caso de censura previa, y no se está cuestionando la metodología que utiliza la empresa para realizar sus negocios, ni el medio del que se sirve para ofrecer sus servicios. Uber es ilegal por no poseer habilitación del Gobierno de la Ciudad para desarrollar su actividad empresarial y por esto, es autor de un ilícito contravencional. Además, al no pagar impuestos por realizar transporte público de pasajeros, comete el delito de evasión tributaria.
Uber resulta un peligro latente al emplear, al menos cuatro mil choferes, que transportan pasajeros por la Ciudad sin siquiera contar con registro habilitante ni seguro especial y sus automóviles no son sometidos a las inspecciones periódicas que certifican el estado del material rodante. Y en este escenario, Uber se erige como organizador de todo este riesgo o peligro inminente que transita todos los días las calles porteñas.
14/06/2017
